Descarta Manzanilla Prieto que haya revancha contra marinistas

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Por Isg

 

 

 

 

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Fernando Manzanilla Prieto, aseguró que no hay una revancha política contra ex funcionarios de la administración que encabezo el priista Mario Marín Torres por parte del Poder Ejecutivo que encabeza el panista Rafael Moreno Valle.

El responsable de la política interior  en la entidad afirmó que los procedimientos iniciados a los ex titulares de la Secretaría de Salud, Alfredo Arango García; del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), Rodolfo Chávez Carretero, y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Blas Villegas, son asuntos que competen solamente al ámbito de facultades del Congreso local.

“No lo vemos más que como es: es una acción del Legislativo y es el Legislativo el que tiene que cumplir con sus responsabilidades”, expresó Manzanilla Prieto ayer en una entrevista que le hicieron varios medios.

Lo que sí aclaró el secretario General de Gobierno es que los procesos iniciados por los diputados poblanos son independientes a las investigaciones que contra los mismos ex servidores públicos lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría estatal, dependencia del Poder Ejecutivo.

A pregunta expresa, el entrevistado respondió que hasta el momento el gobierno estatal no ha recibido solicitud del Poder Legislativo para aportar documentación u otras pruebas a los expedientes en cuestión.

“Esto tiene que ver con lo que hace el Poder Legislativo en base al Orfise (Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local). Ellos, bueno, de acuerdo a la información que tienen, van avanzando, van notificando, van también los funcionarios aprovechando las oportunidades que tienen de presentar sus argumentos, sus prubas y en función de eso ellos (los representantes populares) van determinando y tomando sus acciones”, explicó.

Alfredo Arango García, interpuso dos recursos de revocación para echar abajo los pliegos de observaciones y cargos que levantó en su contra el Órgano de Fiscalización Superior, el cual detectó presuntas irregularidades por el orden de 8 mil 464 millones de pesos en su cuenta pública 2010.

El pleno del Poder Legislativo desechó el pasado martes ambos recursos y le inició un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, por lo que el OFS tendrá la tarea de proponer las sanciones que se impondrán al ex funcionario marinista, quien está preso en el penal de San Miguel desde enero pasado, acusado de enriquecimiento ilícito.

El diputado panista Jesús Zaldívar Benavides, integrante de la Comisión Inspectora, previó que el ex titular de la SSEP se amparará ante la justicia con el objetivo de dejar sin efecto la resolución del Congreso, pero a su parecer esa acción sólo busca retrasar el proceso.

 

 

 

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