Congreso poblano se desentiende de la Ley de Transparencia

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Por Isg

 

 

 

 

El Congreso del estado incumple con una tercera parte de la información que está obligado a transparentar, según la ley que aprobó en la materia en diciembre pasado, ya que los informes que presenta se encuentran desactualizados o simplemente los oculta, de acuerdo con una revisión realizada a su portal de internet.

Los datos que no se encuentran disponibles son el presupuesto asignado al área de Comunicación Social, las observaciones a las cuentas públicas del Poder Legislativo, las prestaciones del personal, así como el trabajo legislativo realizado en comisiones y comités.

La nueva Ley de Transparencia concedió a los poderes del Estado, organismos autónomos, partidos políticos y Comunas un plazo de seis meses para dar a conocer la información que la normativa considera “pública de oficio”, el cual venció el 1 de julio pasado.

El Congreso ha emitido dos puntos de acuerdo para recordar a los sujetos obligados su responsabilidad con la rendición de las cuentas, pero al mismo tiempo sólo cumple a cabalidad con 20 de las 32 fracciones en las que se desglosa la información obligatoria.

 

Información parcial

Una de las fracciones que el Poder Legislativo incumple es la VI del artículo 11, relativa al pago de nómina, pues aunque da a conocer la remuneración mensual neta de todos los niveles jerárquicos en las diferentes formas de contratación, no la desglosa en sueldos, prestaciones ni sistemas de compensación.

En el caso de la fracción VII del mismo artículo, relativa al presupuesto asignado a comunicación social, no se presenta ningún tipo de información, alegando que “no aplica al Poder Legislativo”, pese a que éste cuenta con esa área administrativa.

Respecto a la información financiera, el portal de internet da a conocer los resultados de la cuenta pública 2010 de la que es responsable el ex diputado priista Humberto Eloy Aguilar Viveros, pero no brinda ninguna información de la cuenta pública 2011 de la presente Legislatura, que el Congreso aprobó el mes pasado, cuyo sujeto responsable es el legislador del Panal Guillermo Aréchiga Santamaría.

Sobre el ejercicio fiscal 2011, el Congreso hace público el resultado de una auditoría externa realizada por el contador público Roberto Ortiz López, en la que se concluye que la ejecución de recursos se apegó a los postulados básicos de contabilidad gubernamental y las disposiciones legales.

Sin embargo, no se da a conocer el número total de observaciones determinadas en los resultados de auditorías, pese a que es una obligación de transparencia.

Otra de las obligaciones que enmarca el artículo 11 de la Ley de Transparencia es la de difundir las concesiones, permisos, autorizaciones y arrendamientos realizados por un sujeto obligado, información que no está disponible en el Congreso, porque “no aplica al Poder Legislativo”, según su área de transparencia.

Asimismo, en el artículo 14 se determina que el Congreso tiene que dar a conocer el orden del día, la lista de asistencia, los resultado de las votaciones, así como las actas y la versión estenográfica de cada una de las sesiones del pleno, así como de las sesiones de las Comisiones Generales o Comités, “salvo que se trate de aquellas secretas en términos de lo establecido en la normatividad aplicable”.

El orden del día, la asistencia y el resultado de las votaciones se cumple de manera parcial en el caso de las sesiones del pleno, ya que los informes no se personalizan al omitir los nombres de los diputados, mientras que en la página de internet no se encuentran todas las actas ni las versiones estenográficas, situación que empeora en las comisiones generales o comités, ya que los reportes son prácticamente nulos.

El Congreso también está obligado a dar a conocer las iniciativas, decretos y puntos de acuerdo que sean aprobados por el pleno, pero esa información tampoco se encuentra disponible.

En la página de internet se enlistan únicamente los proyectos legislativos presentados al pleno, pero no se les da seguimiento para confirmar si fueron aprobados o no, pese a que esa información se proporcionaba hace dos legislaturas; es decir, en la número LVI.

 

 

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